Consecuencias Jurídicas del Incumplimiento Persistente del Régimen de Visitas

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Patricia Gómez Santiago

Consecuencias Jurídicas del Incumplimiento Persistente del Régimen de Visitas

Cuando una de las partes, tras una resolución judicial en materia de familia, incurre en un patrón de incumplimientos aparentemente menores pero reiterados, la legislación española ofrece una respuesta contundente y eficaz para proteger a la parte perjudicada y garantizar la efectividad de lo acordado. Lejos de ser una situación sin solución, estos actos configuran un incumplimiento que activa un mecanismo de ejecución forzosa con consecuencias significativas para la parte incumplidora.

El camino para seguir es la interposición de una demanda de ejecución del título judicial, como la que da origen al Auto que has proporcionado. Este procedimiento no requiere plazos de espera, dada la urgencia inherente a los asuntos de familia, y su objetivo es obligar al cumplimiento estricto de las medidas establecidas, como el régimen de visitas. La resolución judicial que despacha la ejecución no es una mera formalidad; contiene requerimientos y apercibimientos muy serios. El incumplimiento de obligaciones de carácter personalísimo, como el régimen de visitas, faculta al tribunal para imponer medidas coercitivas. La consecuencia más grave y disuasoria es la que establece que el incumplimiento reiterado de las obligaciones del régimen de visitas puede dar lugar a una modificación sustancial del régimen de guarda y visitas. Esto significa que la estrategia de "sacar de quicio" a la otra parte mediante pequeños incumplimientos puede resultar en un cambio drástico de las medidas, pudiendo llegar a una limitación o suspensión del régimen de visitas para el progenitor incumplidor o incluso a un cambio en la modalidad de la guarda, siempre velando por el interés superior del menor.

En conclusión, el ordenamiento jurídico no deja desamparado a quien sufre una erosión constante de sus derechos por incumplimientos menores. La vía de la ejecución forzosa es el instrumento idóneo para atajar esta conducta, activando un proceso judicial que requiere formalmente el cumplimiento y apercibe al ejecutado de consecuencias tan severas como la imposición de multas continuadas y, fundamentalmente, la posibilidad de modificar las medidas paternofiliales en su contra.

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