Defensa frente al Abuso Procesal. Un recurso sobre costas como baluarte contra el hostigamiento judicial a los más vulnerables

El simple escrito de oposición a una no imposición de costas es una defensa contundente y meticulosamente fundamentada de los derechos de una ciudadana vulnerable frente a un claro abuso procesal. Más que un simple recurso, puede llegar a constituir un alegato robusto en favor de la tutela judicial efectiva y la buena fe, recordando que la justicia no puede ser un mero mecanismo automatizado, sino un servicio público con la obligación de proteger al más débil.

El recurso eleva el caso por encima de una simple disputa sobre costas, poniendo el foco en el grave perjuicio moral y la angustia causados a una persona jubilada. Expone con gran sensibilidad cómo la actuación de la demandante sumió a la clienta en un estado de confusión y vulnerabilidad, obligándola a incurrir en gastos y a coordinar una compleja defensa frente a una estrategia procesal deliberadamente caótica, con reclamaciones infundadas procedentes de juzgados de una provincia con la que la víctima no tiene vínculo alguno.

Además, el escrito desarticula con notable precisión la interpretación formalista del juzgado. Demuestra con claridad que la conformidad al sobreseimiento no puede equipararse a un consentimiento incondicional que exima de costas, especialmente cuando dicha conformidad se condicionó expresamente a su imposición. La invocación de jurisprudencia pertinente refuerza la solidez de este argumento, evidenciando el error de la resolución recurrida.

Asimismo, el recurso no se limita a la cuestión procesal, sino que expone sin tapujos la manifiesta temeridad y mala fe de la parte actora. Detalla con contundencia los indicios de una posible trama delictiva, como el uso de un documento de identidad que había sido denunciado como extraviado meses antes de la supuesta contratación, la utilización de un domicilio ficticio para dificultar la defensa de la clienta y la interposición de múltiples demandas por el mismo concepto ante distintos juzgados. Al hacerlo, se invoca el Artículo 247. Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento. no como una mera formalidad, sino como un principio fundamental que ha sido flagrantemente vulnerado.

La visión estratégica del escrito se manifiesta en la inclusión de una petición subsidiaria para suspender el pronunciamiento sobre costas por prejudicialidad penal. Esta solicitud no solo protege los intereses de la clienta, sino que subraya la gravedad de los hechos y su conexión directa con una causa penal en curso por delitos de suplantación de identidad y estafa, reforzando la idea de que la conducta de la demandante trasciende el mero error procesal para adentrarse en un presunto *modus operandi* delictivo."

En definitiva, este recurso es un magnífico ejemplo de la abogacía ejercida con vocación de servicio y justicia. Combina la sensibilidad necesaria para defender a una víctima de abuso con el rigor jurídico imprescindible para combatir resoluciones que, por su automatismo, corren el riesgo de amparar la injusticia. Es una pieza procesal que defiende con firmeza que no puede salir gratis utilizar los tribunales para hostigar a los ciudadanos.