El Acuerdo de Mediación en la Ruptura de Parejas de Hecho: Alcance y Límites de la Homologación Judicial
Patricia Gómez Santiago—
En el ámbito del derecho de familia, la mediación se erige como una herramienta fundamental para la gestión constructiva de los conflictos derivados de una ruptura. Un claro ejemplo de su eficacia es el acuerdo alcanzado por un cliente de nuestro despacho el 30 de julio de 2020, que buscaba regular de manera integral las consecuencias del cese de su convivencia como pareja de hecho con un hijo menor en común. Sin embargo, este caso ilustra a la perfección una cuestión jurídica clave: la distinción entre los pactos que afectan al interés superior del menor y aquellos de naturaleza puramente patrimonial entre los adultos, y cómo esta diferencia determina el alcance de la homologación judicial.
El acuerdo suscrito por las partes es un reflejo del éxito del proceso de mediación, al abordar la totalidad de las esferas afectadas por la ruptura. Por un lado, en lo que respecta a su hijo, las partes diseñaron un detallado marco de relaciones paternofiliales. Este incluía la patria potestad compartida, la atribución de la guarda y custodia a la madre, un completo régimen de visitas y comunicación para el padre, y la fijación de las correspondientes obligaciones económicas, como la pensión de alimentos y el reparto de gastos extraordinarios.
Por otro lado, el acuerdo trascendía la esfera filial para regular las complejas cuestiones económicas y patrimoniales entre los ex-convivientes. Se pactó la venta de la vivienda familiar, la liquidación de la hipoteca y deudas asociadas, y se reconoció y estableció un plan de pago para diversas deudas comunes, desde préstamos personales hasta obligaciones con terceros, demostrando una voluntad de cerrar todos los frentes abiertos.
La cuestión jurídica de fondo radica en por qué, a pesar de la exhaustividad del pacto, la homologación judicial fue selectiva, limitándose exclusivamente a las medidas relativas al hijo menor. La respuesta se encuentra en la diferente naturaleza de los acuerdos y en los principios que rigen la intervención judicial.
La homologación de las medidas paternofiliales es una exigencia imperativa. El juez de familia, con el informe del Ministerio Fiscal, actúa como garante del interés superior del menor. Su función es asegurar que los acuerdos de los progenitores no son perjudiciales para el hijo. Al ser homologadas, estas medidas adquieren la misma fuerza ejecutiva que una sentencia, permitiendo su cumplimiento forzoso por una vía procesal ágil y específica en caso de incumplimiento.
En contraste, los pactos de índole puramente patrimonial entre los convivientes operan en el plano de la autonomía de la voluntad. Estos acuerdos no son nulos ni ineficaces; por el contrario, constituyen un contrato privado plenamente vinculante para las partes. Sin embargo, la jurisdicción de familia carece de competencia específica para homologar y dar fuerza ejecutiva a la liquidación patrimonial de una pareja de hecho, a diferencia de lo que ocurre con el régimen económico matrimonial. Su eventual incumplimiento debe ser exigido a través de los cauces del procedimiento civil ordinario, ya sea declarativo o monitorio.
En definitiva, el tratamiento judicial del acuerdo de mediación adoptado es un claro exponente de la correcta articulación entre el consenso privado y el control judicial. El acuerdo es un éxito en su totalidad, pero su eficacia se desdobla: las cláusulas relativas al menor se convierten en un título ejecutivo judicial de máxima protección, mientras que los pactos patrimoniales conservan su plena validez como un contrato privado, cuyo cumplimiento se rige por las normas generales del derecho de obligaciones. La mediación, por tanto, proporciona una solución global, aunque su ejecución deba seguir, en parte, caminos procesales distintos.