Garantizando el Derecho a la Investigación
Patricia Gómez Santiago—
La resolución de 4 de febrero de 2025 de la Audiencia Provincial de Guadalajara supuso un rotundo éxito que garantizaba la tutela judicial efectiva del denunciante. El Tribunal revoca el sobreseimiento inicial por considerarlo una decisión prematura, acertando al valorar que, más allá de los mensajes en redes sociales, la denuncia de actitudes intimidatorias con un vehículo y la existencia de testigos son indicios que exigen una mínima investigación. La Sala corrige acertadamente al Juzgado de Instrucción, estableciendo que no se puede descartar de plano la relevancia penal de los hechos como un posible delito de amenazas o coacciones y, en consecuencia, ordena la continuación del procedimiento para el debido esclarecimiento de lo sucedido, amparando así el derecho del recurrente a que su denuncia sea debidamente investigada.