La Defensa ante Acusaciones de Atentado, Lesiones y Daños: Análisis de la Sentencia Penal nº 52/2026 del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares

Patricia Gómez Santiago—

Es objeto de análisis la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares, nº 52/2026, de 20 de marzo, dictada en el marco del Procedimiento Abreviado 125/2022. La resolución aborda la presunta responsabilidad penal de una acusada por delitos de atentado, lesiones y daños, originados en dos incidentes distintos: una intervención policial en la vía pública y una serie de sucesos posteriores en dependencias policiales, que incluyeron daños materiales e intentos de autolesión.
Frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Fiscal, la defensa articuló una estrategia procesal robusta orientada a la libre absolución. Como argumento principal, se invocó la concurrencia de la eximente completa de alteración psíquica o intoxicación plena, que de apreciarse, excluiría la responsabilidad criminal de la acusada. De forma subsidiaria, y para el caso de no estimarse la eximente completa, la defensa planteó la aplicación de una eximente incompleta o analógica por las mismas causas, así como la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, fundamentada en una notable paralización del procedimiento no imputable a la acusada.
La resolución judicial se fundamentó en la valoración de un amplio acervo probatorio, que incluyó el visionado de grabaciones audiovisuales de los hechos en dependencias policiales, las declaraciones testificales de los agentes de la Policía Local y Nacional intervinientes, el testimonio de una testigo presencial ajena a los hechos y del propio compañero sentimental de la acusada, además del interrogatorio de esta última.
Es fundamental destacar que la citada sentencia no ha adquirido firmeza. La defensa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, ha interpuesto el correspondiente recurso de apelación. Esta impugnación subraya la persistencia en la defensa de los derechos de la acusada y traslada la controversia jurídica a una instancia superior para la revisión tanto de la valoración probatoria como de la calificación jurídica de los hechos realizada en primera instancia.
