La incidencia de la técnica procesal en la delimitación de la imputación y la valoración indiciaria en procedimientos penales de alta conflictividad familiar: análisis de resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
Patricia Gómez Santiago—
Los procedimientos penales que se desarrollan en contextos de ruptura familiar conflictiva presentan una dificultad añadida para todos los operadores jurídicos. Cuando, además, existe una menor afectada por el conflicto entre los progenitores, las decisiones procesales adquieren una trascendencia extraordinaria y exigen una especial cautela por parte de los tribunales y de las defensas.
Un ejemplo significativo de esta complejidad lo constituyen dos resoluciones dictadas por la Sección 26ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en el marco de unas diligencias previas seguidas por presuntos delitos de violencia de género, maltrato habitual y agresión sexual.
La primera de estas decisiones, el Auto nº 12/2024, de 10 de enero de 2024, estimó el recurso de apelación de la defensa contra el auto de transformación a procedimiento abreviado. La Sala reafirmó un principio fundamental del proceso penal: la resolución que acuerda continuar una causa debe contener una determinación mínima de los hechos punibles y de las personas a quienes se atribuyen. No basta una referencia genérica a la existencia de indicios, sino que es necesaria una descripción suficiente de los elementos esenciales de los hechos investigados. En este caso, la Audiencia consideró que la descripción relativa a un posible delito contra la libertad sexual era insuficiente, acordando la nulidad de la resolución. Esta decisión, de carácter eminentemente garantista, no se pronunció sobre la culpabilidad, sino que subrayó la necesidad de que toda imputación penal esté correctamente delimitada y motivada.
Dos años después, mediante el Auto nº 1198/2026, de 27 de mayo de 2026, la misma Sección volvió a pronunciarse sobre la causa. En esta ocasión, examinó un recurso que pretendía mantener la investigación por el presunto delito contra la libertad sexual, a lo que el Ministerio Fiscal se opuso expresamente por no apreciar indicios suficientes. La Sala aclaró que su anterior resolución había sido estrictamente procesal y, tras un nuevo examen, concluyó que no existían elementos objetivos que permitieran sostener dicha acusación, valorando la falta de concreción temporal de los hechos y los resultados negativos de los informes biológicos practicados. En consecuencia, el recurso fue desestimado íntegramente.
Desde una perspectiva técnica, ambas resoluciones ilustran una estrategia defensiva centrada en el control de la legalidad procesal y en la exigencia de que cualquier imputación se apoye en hechos concretos y respaldados por indicios objetivos. En contextos de esta naturaleza, la función de la defensa no consiste únicamente en impugnar acusaciones, sino también en garantizar que las decisiones judiciales respeten plenamente los principios de motivación, contradicción y presunción de inocencia.
En definitiva, la experiencia demuestra que en procedimientos de alta conflictividad familiar, la técnica procesal puede ser tan decisiva como la propia prueba. Estos autos evidencian la importancia de una defensa especializada, capaz de identificar defectos de motivación y someter a control judicial la suficiencia de los indicios. Más allá del resultado concreto, ambas resoluciones representan una reafirmación de los principios garantistas que deben presidir cualquier proceso penal, especialmente cuando confluyen acusaciones de extrema gravedad y situaciones familiares sensibles.