La Justicia que protege: una resolución ejemplar en materia de apoyo a personas con discapacidad
Patricia Gómez Santiago—
La Sentencia nº 1/2026, dictada el 29 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia nº 94 de Madrid, constituye un ejemplo especialmente destacable de cómo debe aplicarse el moderno sistema de apoyos instaurado por la Ley 8/2021 para las personas con discapacidad. Lejos de recurrir a fórmulas estandarizadas, la resolución realiza un análisis exhaustivo de la situación personal, médica y social de la persona afectada, ponderando cuidadosamente su autonomía, su voluntad y sus necesidades reales de protección. La magistrada aplica con rigor los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad de la persona, inspirados en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Especialmente acertada resulta la decisión de constituir una curatela representativa limitada a aquellos ámbitos en los que objetivamente existe una necesidad acreditada de apoyo, evitando restricciones innecesarias y preservando la máxima autonomía posible. Asimismo, merece reconocimiento la designación de una entidad pública especializada como curadora, garantizando una intervención profesional, imparcial y centrada en el bienestar de la persona afectada. La posterior Providencia de 16 de junio de 2026 dictada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 52, refuerza esa misma línea de actuación al acordar la práctica de diligencias dirigidas a conocer de forma actualizada la situación sociosanitaria, asistencial y terapéutica de la persona sometida a curatela, demostrando una encomiable sensibilidad judicial hacia la protección efectiva de las personas especialmente vulnerables. Nos encontramos, en definitiva, ante una actuación judicial que trasciende el mero cumplimiento formal de la ley para convertirse en un verdadero ejercicio de tutela efectiva de derechos fundamentales, donde la protección, la dignidad y la inclusión social ocupan el lugar central que les corresponde en un Estado de Derecho.