Actualidad Legal

Este procedimiento revela la ineficacia del sistema cuando la demora administrativa frustra medidas judiciales de protección de menores. La alta conflictividad parental genera un riesgo psicoemocional inmediato que exige intervención urgente. La inacción de los servicios sociales vulnera el interés superior del menor, la tutela judicial efectiva y la obligación de colaboración entre Justicia y Administración.